Los orígenes de la agenda de TIC para el desarrollo en ALC

Los primeros esfuerzos por conectar a personas y organizaciones en América Latina no se dieron desde el lado gubernamental. Este corto artículo se apoya primordialmente en la lectura que Carlos Afonso, director ejecutivo del Instituto NUPEF y miembro del Comité Gestor de Internet de Brasil, hace en la entrevista realizada para 25 años de la sociedad de la información en ALC, sobre el origen y evolución de la agenda de TIC para el desarrollo en la región.

Las iniciativas de conexión a internet con propósitos de desarrollo surgieron a inicios de los 80, como parte de los esfuerzos de grupos progresistas para ampliar las posibilidades de comunicación y acción de la sociedad civil. Hacia finales de esa década, Nicaragua y Brasil contaban con los primeros nodos técnicos (Nicarao y Alternex, respectivamente), que enlazaban a través del intercambio electrónico de información a organizaciones de sociedad civil y académicos del grupo Interdoc.

Nicarao y Alternex (sumados a los nodos creados por organizaciones y redes de sociedad civil en Australia, Canadá, Suecia y el Reino Unido) fundaron la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) en mayo de 1990 con el propósito de coordinar y apoyar la operación y desarrollo de la red global de redes que emergía en ese entonces.

Si bien en esa época existían ya casos de uso comercial y público del internet, son esas iniciativas las que dan cuenta de los orígenes del uso de redes de computadoras para el cambio social y el desarrollo, a través del empoderamiento de las redes y grupos de sociedad civil por medio del uso de las TIC.

Carlos Afonso señala que la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 fue una oportunidad clave para visibilizar la presencia de la sociedad civil en el desarrollo de opciones comunicacionales basadas en internet y destacar su vinculación con los debates sobre las tecnologías en la región. En esa oportunidad, indica Afonso, la comunidad académica brasileña montó dos líneas de internet (de 74 Kbps y 18 Kbps) para responder al acuerdo entre la ONU y el gobierno brasileño de implementar conexiones a redes informáticas durante la Cumbre. Se trató de los primeros enlaces de conexión masiva por parte de la sociedad civil.

A partir de ello, con el apoyo de APC y de la Red Nacional de Investigación de Brasil, el desarrollo de internet despuntó significativamente en ese país. Ecuador estuvo también entre los países que realizaron los primeros esfuerzos por hacer llegar esos servicios a la sociedad civil y a la ciudadanía en general por medio de iniciativas de conexión a internet a través de la instalación de nodos técnicos,. En 1990, Ecuanex Intercom se constituyó como la primera red orientada a difundir el uso y acceso de las TIC aplicadas al desarrollo.

A finales de 1991, la Red Científica Peruana (RCP) envío el primer mensaje de correo electrónico desde Perú, el país recibió su primer bloque de números IP y la RCP asumió la administración del dominio .pe. El lanzamiento de las Cabinas Públicas en ese país se tornó en la iniciativa pionera de telecentros más significativa de la región.

1995 marca el inicio de la oferta de internet a gran escala en la región. La necesidad de afrontar los desafíos de política pública asociados a la expansión del acceso a internet llevó a la mayor parte de los países de la región a pensar en sus propias agendas de conectividad y, más adelante, en sus estrategias de desarrollo de la sociedad de la información. Uno de los casos más interesantes se dio en Brasil en el que por iniciativa de la comunidad acádemica, técnica y las organizaciones de la sociedad civil, se plantea la necesidad de establecer un organismo regulador para las nuevas TIC, diferenciando las normas de telecomunicaciones de las de internet. Ello derivó en la conformación del Comité Gestor de Internet de Brasil. Desde su creación, su carácter fue multi-sectorial y, como señala Carlos Afonso, se aprovechó la ventana de oportunidad para impulsar el crecimiento de internet con autonomía del gobierno en un marco que favorecía la formulación de políticas públicas para expandir el acceso de forma equitativa y vinculado a objetivos de desarrollo.

La emergencia de la agenda política de TIC en la región

Con el auspicio de la ONU, el proceso de preparación para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) comenzó a mediados de 2002. Ésta se realizó en dos fases: Ginebra 2003 y Túnez 2005. Actores de la sociedad civil de ALC se vincularon de manera bastante activa y sustantiva en la CMSI, con la perspectiva de contribuir a forjar un entendimiento sobre los impactos sociales, culturales, económicos y políticos del uso de las TIC, particularmente del internet, y aportar con enfoques y soluciones para el desarrollo de sociedades de la información democráticas, inclusivas y equitativas. Los actores de la región contribuyeron a colocar sobre la mesa de discusión cuestiones relativas al derecho a la comunicación (retomando y resignificando los debates y propuestas del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación), a la convergencia de las industrias de la información y la comunicación, a la profundización de las brechas estructurales incluyendo la brecha digital, a la gobernanza de internet y a los marcos regulatorios y políticos. Su visión y propuestas están recogidas en la declaración de la sociedad civil “Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas”.

El Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de Internet, creado por el Secretario General de las Naciones Unidas en diciembre de 2003 amparado en el mandato de la primera fase de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI), acordó la siguiente definición de trabajo: “La gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en las funciones que les competen respectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y la utilización de Internet.” El Grupo de Trabajo enfatiza en que la gobernanza de internet no está únicamente relacionada con el manejo de los nombres, direcciones y números de internet sino que involucra otros recursos críticos de internet y cuestiones de desarrollo atenientes a la utilización de internet, como el acceso, entre otras.

governanceEn su intención de trasladar el discurso global a la práctica nacional y avanzar hacia mecanismos de participación multisectorial, los actores de la sociedad civil se sumaron al proceso impulsado por los gobiernos (con la asistencia técnica de la CEPAL y el apoyo financiero de la Unión Europea) de formular un plan de acción para el desarrollo de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe, el eLAC.

El primer plan de acción, aprobado por los gobiernos de la región en 2005, propuso metas concretas para el 2007, a partir del compromiso de los países de adoptar un conjunto de políticas públicas a niveles nacionales y medidas coordinadas en la región encaminadas a acelerar y fortalecer la construcción de las sociedades de la información. En ese sentido, el eLAC apuntó a ofrecer orientación estratégica y principios rectores para el desarrollo de políticas públicas de TIC en la región en áreas como el acceso y la inclusión digital, la creación de capacidades y conocimientos, la transparencia y la eficiencia pública, los instrumentos para fortalecer la coordinación de las políticas de desarrollo digital, y las acciones que fortalezcan un entorno habilitador para el desarrollo digital. No ha sido fácil. Uno de los desafíos más importantes del eLAC ha sido concretar la participación multisectorial de manera efectiva. Y si bien hay avances tangibles y visibles en la mayoría de países, el desarrollo de internet y las políticas de TIC en la región es desigual y queda mucho por hacer en materia de cooperación regional que permita la implementación de proyectos y la adopción de una regulación armonizada, más allá de los acuerdos políticos. La región cuenta con varios acuerdos políticos importantes, algunos precedentes y otros posteriores al eLAC. Entre ellos se cuentan: la Declaración de Florianiápolis (2000), Declaración sobre conectividad de la Tercera Cumbre de las Américas (2001), la Declaración de Bávaro (2003) y la Declaración de Santo Domingo sobre gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento (2006).

En un afán de promover colaboraciones regionales, evitar duplicaciones y generar sinergias, algunas agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, han impulsado iniciativas específicas a las que se han sumado los países de la región. Un ejemplo de dichas colaboraciones es la Alianza para medir las TIC para el desarrollo. Otro ejemplo es el Observatorio para la Sociedad de la Información (OSILAC), enfocado producción, recopilación, procesamiento y difusión de datos, indicadores y metodologías, normalizando y armonizando las estadísticas sobre TIC recolectados a nivel subregional, nacional y local.

En la opinión de Carlos Afonso, la CMSI fue un punto de quiebre en la región en términos del avance de la agenda política regional de TIC, particularmente de internet. “Antes de la CMSI, no se hablaba de gobernanza de internet. La discusión se limitaba al tema de dominios y registros. En definitiva, al rol de ICANN”, indica Afonso. Y enfatiza que la sociedad civil y la academia, incluyendo personas de la región, jugaron un rol importante para la adopción de un concepto más abarcativo e integral de la gobernanza de internet y para la creación del Foro de Gobernanza de Internet (FGI).

A pesar de los avances desde la época de la instalación de los primeros nodos técnicos de internet en la región, el desarrollo de agendas digitales integrales es aún incipiente en ALC. La tónica ha sido la toma de decisiones en materia de regulaciones en TIC de manera aislada y fragmentada. En la región, hubo un solo intento de desarrollo de una estrategia específica de TIC para el desarrollo (en Bolivia), el cual no prosperó. No obstante, hay algunos casos interesantes y otros preocupantes de desarrollo de políticas públicas de TIC y de gobernanza de internet en la región. Por un lado, la formulación de la ley de neutralidad de la red en Chile orientada a impedir la discriminación entre tipos de contenidos y aplicaciones por parte de los intermediarios de internet, particularmente los proveedores de servicios de internet. Por otro lado, ha habido intentos de aprobar regulaciones sobre el uso de internet en favor de una aplicación radical de la legislación de propiedad, específicamente, de los derechos de autor, como es el caso de la denominada Ley Lleras en Colombia. Si bien por el momento la Ley Lleras se cayó (por vicios de forma y trámite), ese tipo de propuestas son señales de la creciente tendencia por controlar el libre flujo de la información y la libre expresión en línea, así como limitar el acceso al conocimiento a causa de intereses políticos o comerciales.

Desafíos inmediatos

En la opinión de Carlos Afonso, uno de los principales problemas que enfrenta la región es la falta de recursos financieros para la aplicación sostenida de políticas de TIC en la región. Afonso señala como problemático que, por ejemplo, la implementación del eLAC dependa de los fondos de la Unión Europea. Ligado a esto, Afonso llama la atención sobre la importancia de que la región genere sus propios mecanismos y marcos de medición del avance de la sociedad de la información, puesto que resulta arriesgado basarse principalmente en en el crecimiento del PIB como medida de desarrollo, tal como lo sugiere el Banco Mundial.

Como parte de los esfuerzos por fortalecer el Estado, los gobiernos deben asumir un rol más activo en la provisión de acceso y de servicio público para avanzar en la inclusión digital. Hay una tradición importante en la región en cuanto a provisión del acceso a través de telecentros. Los gobiernos deberían darles una mirada crítica y reformular estratégicamente esas iniciativas en procura de la universalización del acceso de banda ancha (asegurando velocidad y calidad) y “potenciando aspectos locales y nacionales de la cultura e identidad de los países de la región”, asegura Afonso.

A ello se suma la necesidad de ampliar el rango de actores involucrados en la discusión y definición de políticas de TIC y de gobernanza de internet en las esferas nacionales. El modelo multisectorial no ha cuajado aún en todos los países de la región. “Los países tienen que movilizarse para tener estructuras de gobernanza de internet pluralistas”, enfatiza Afonso. Señala, además, que los países deben incrementar sus capacidades y conocimientos para participar sin desventajas en la definición de lineamientos de política pública en temas de uso y manejo del espectro, de interconexión, de ciberseguridad, entre otros. El nivel de participación debe elevarse hacia el desarrollo de propuestas.

Entre las batallas puntuales que se enfrentan actualmente y se avizoran para el futuro inmediato, está aquella relacionada con la preservación del espectro radioeléctrico como un bien público y su uso para el desarrollo. Como indica Carlos Afonso, hay el riesgo inminente de que las empresas de medios absorban las frecuencias que se liberan en los procesos de digitalización, particularmente, en la digitalización de la televisión. Eso se traduciría no solamente en la consolidación de la apropiación de la infraestructura en pocas manos, sino que impactaría en la posibilidad de diversificar los contenidos y la información.

“Salud y educación siguen siendo áreas muy importantes en las que hay seguir trabajando”, enfatiza Afonso.

Por supuesto, se hace necesario enfrentar los intentos crecientes de adopción de legislación que limite y restringe el ejercicio de derechos humanos en línea. Se precisa de medidas efectivas a distintos niveles para integrar el enfoque de derechos en el desarrollo de políticas y regulaciones de TIC, asegurando la promoción, la protección y el respecto a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la privacidad y otros derechos de las personas en línea, así como la neutralidad de la red.

Acerca del autor: 

Valeria Betancourt

Valeria es la coordinadora del Programa de Políticas de Información para América Latina (CIPP, por sus siglas en inglés), de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y es consultora para el proyecto 25 años de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe.