De TIC para el desarrollo a la gobernanza de internet: ¿en qué estamos en la región?

No es aventurado señalar que la regionalización de la discusión y la agenda sobre la gobernanza de internet empieza a tomar fuerza en el 2008 a partir de la iniciativa del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), el Instituto NUPEF y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) de congregar a los diversos actores América Latina y el Caribe (ALC) para construir un diálogo político multisectorial sobre la temática. Desde ese entonces, el encuentro regional anual, en preparación para el Foro de Gobernanza de Internet (FGI), se ha constituido en una de las plataformas más importantes para la identificación de las prioridades, la discusión sustantiva de los temas de relevancia para la región y la colaboración entre los distintos actores.

Cabe mencionar, sin embargo, algunos aspectos antecedentes. En el 2007 el gobierno de Brasil alojó el segundo FGI y Diplo Foundation emprendió el primer programa de formación de capacidades en gobernanza de internet en español para actores de la región. Si bien el FGI en Brasil marcó un punto de quiebre para la región en el abordaje de la gobernanza de internet, la reunión congregó a un número limitado de participantes de la región (con excepción de participantes de Brasil) y no incluyó perspectivas regionales específicas. La primera edición de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, un programa de capacitación para la región, se realizó en el 2009 y se ha organizado anualmente desde entonces. En conjunto, dichas iniciativas han contribuido a colocar sobre el tapete, de manera más informada y propositiva, cuestiones que no hacían parte sistemática de la discusión general de TIC y políticas de TIC en la región: privacidad, seguridad, apertura, manejo de recursos críticos de internet, entre otros.

internetLa emergencia de espacios de discusión y formación sobre gobernanza de internet en la región amplió el espectro de las políticas de TIC. Por aproximadamente una década, los países de la región estuvieron primordialmente enfocados en definir medidas y políticas que permitan, por un lado, fortalecer su propio sector de TIC y, por otro lado, avanzar en la consecución de objetivos de desarrollo mediante la aplicación directa de TIC en áreas prioritarias. La evolución, el desarrollo, la gobernanza y el futuro del internet no hacían parte sustancial de la agenda regional. En los últimos cinco años, la región ha madurado significativamente en la estructuración de la reflexión, el análisis y la práctica en materia de gobernanza de internet, así como en el nivel de participación en foros y espacios globales de política pública de internet. Algunos de los rasgos más sobresalientes de la evolución y estado del debate regional multisectorial se resumen en el presente artículo.

Sobre el acceso y la diversidad

La universalización del acceso de calidad a la banda ancha en ALC demanda incentivos regulatorios y políticas públicas específicas, incluyendo políticas y regulaciones sobre costos internacionales de conexión. La universalización del acceso debe basarse en una óptima combinación de fibra y el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. La regulación convergente de las telecomunicaciones, la radio, la TV y la tecnología de redes es esencial para facilitar acceso. La instalación de Internet Exchange Points (IXP) en países con baja intensidad de uso de Internet es factor ineludible.

Los Estados tienen un rol fundamental en la reducción de la brecha digital, sobretodo a partir de la provisión del acceso y servicio público, propiciando prácticas colaborativas entre los decisores de políticas públicas, los proveedores y operadoras, las empresas de desarrollo de tecnología (software y hardware), las organizaciones de la sociedad civil, entre otros. No solo es necesario promover y difundir dichas prácticas, sino analizar cómo el acceso y el servicio público contribuye a objetivos de desarrollo. Ello está ligado al desarrollo de una regulación favorable para el surgimiento y sostenimiento de redes comunitarias y municipales. De manera complementaria, la expansión del acceso debe estar acompañada de incentivos para la producción de contenidos locales en diversas lenguas y de regulaciones que limiten la influencia de las grandes corporaciones de medios, cine, música y editoriales en el libre flujo, intercambio cultural y en el acceso al conocimiento (incluyendo al conocimiento especializado), la información y el entretenimiento. Los países deben potenciar el uso de internet como un mecanismo para fortalecer los procesos democráticos y ampliar las posibilidades de inclusión social y económica.

Sobre la seguridad

La seguridad debe ser abordada desde una perspectiva holística multisectorial, fortaleciendo las capacidades de todos los actores involucrados (usuarios, autoridades, proveedores, etc.). Es necesario generar y fortalecer instancias de coordinación regional a fin de armonizar la legislación (sobre delitos informáticos, por ejemplo) o propiciar el interrelacionamiento de los centros de respuesta ante incidentes de seguridad. La coordinación es también importante para el monitoreo, la evaluación, la gestión de riesgos y la adopción de normas y estándares internacionales en materia de seguridad.

Sobre la privacidad

La región precisa avanzar en dirección a la armonización de legislación y la adopción de estándares globales y regionales para la protección de la privacidad, la intimidad, el anonimato y los datos personales. La responsabilidad de los intermediarios de internet en la protección de los datos personales y la privacidad de los usuarios debe estar claramente establecida. Es necesario equilibrar los esfuerzos de seguridad con aquellos orientados a precautelar los derechos a la privacidad.

Sobre la apertura

La apertura debe ser abordada de manera separada en todas sus dimensiones. Es necesario garantizar el libre flujo de la información y la prevalencia del dominio público en el acceso y desarrollo de internet, a partir del reconocimiento de su carácter público, abierto e igualitario. La promoción de la libertad de expresión, del acceso al conocimiento y a la información, de la infraestructura abierta y compartida, de entornos de mercado y competencia favorables a la innovación y a la coexistencia de distintos modelos de negocio, del software libre y abierto, de estándares abiertos, entre otros aspectos, es crucial para limitar los intentos y prácticas de restricción del acceso y circulación de la información que contiene el libre desarrollo de internet a partir de la apropiación privada de su infraestructura y del conocimiento que se transmite por ella, así como de su control con fines políticos.

Las experiencias de adopción de legislación sobre neutralidad de la red dentro y fuera de la región deben estimular e inspirar el desarrollo de políticas públicas en esa área. En la región se están consolidando esfuerzos de promoción de la cultura y de las tecnologías libres y abiertas. Es preciso fortalecerlos y apoyarlos como mecanismos para preservar la apertura.

Sobre los recursos críticos de internet

Se ha roto el mito de que los recursos críticos de internet son un ámbito de especialización exclusivamente técnica, sin que por ello se deje de reconocer la necesidad de reforzar las capacidades de los distintos actores de la región, incluyendo los gobiernos, para vincularse de manera más efectiva en ICANN y otras instancias relacionadas. Los desafíos, oportunidades e impactos de la región en cuanto a la expansión de los gTLDs (generic Top Level Domains), por ejemplo, están presentes en la agenda de reflexión y diálogo político multisectorial en ALC.

La transición de IPv4 a IPv6 ha sido uno de los temas de mayor relevancia y se destaca la importancia de continuar los esfuerzos de capacitación para la adopción y despliegue del IPv6. Del mismo modo, se plantea la necesidad de difundir y compartir buenas prácticas y la definición de estándares relacionados con el mantenimiento de la integridad de los recursos críticos de internet, con la preservación de su seguridad, estabilidad y robustez en los distintos niveles, desde ICANN hasta la periferia. Esto incluye la seguridad y la estabilidad de los DNS y de los servidores raíz.

Sobre la gobernanza de internet para el desarrollo

El análisis de los aspectos, procesos y temas de la gobernanza de internet que impactan en el desarrollo de la región es aún incipiente. Hay coincidencia entre los distintos grupos de actores que el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, y de la comunidad técnica para la vinculación con la gobernanza de internet a nivel nacional, regional y global es uno de los desafíos más importantes a enfrentar en el corto plazo.

Sobre los temas emergentes y las perspectivas a futuro

La agenda de discusión sobre temas emergentes se proyecta alrededor de aspectos que tienen que ver con la regulación (en términos de calidad y costos) del internet móvil y con la demanda de contenidos locales para dispositivos móviles. La necesidad de definir y acordar principios para la gobernanza de internet es otro de los puntos cruciales a abordar, sobretodo bajo la perspectiva de garantizar el establecimiento de mecanismos de gobernanza pluralista, de promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones políticas de los gobiernos alrededor de la gobernanza de internet y asegurar la participación multisectorial. Uno de los temas novedosos que empieza a suscitar el interés de los diversos actores con mayor fuerza es el del impacto de las TIC en el medioambiente, en el cambio climático y su relación con la gobernanza de internet. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de identificar las prácticas adoptadas por las compañías de tecnología en la cadena de producción de dispositivos electrónicos para el tratamiento de minerales peligrosos. Se habla también de emular los desarrollos legislativos de países como Perú, Costa Rica o Colombia en materia de residuos tecnológicos.

Sin embargo, la evolución de la discusión multisectorial sobre la gobernanza de internet da muestras inequívocas de dirigirse hacia la defensa de la naturaleza abierta, pública e igualitaria del internet y hacia la promoción y defensa de los derechos humanos en línea. Las organizaciones de la sociedad civil, los actores de la comunidad técnica, los académicos, entre otros, coinciden en la importancia crucial de oponerse y contrarrestar prácticas y medidas adoptadas por gobiernos y otros actores que subordinan el uso del internet a las agendas de seguridad nacional o que limitan la expresión y la asociación en línea según intereses políticos, comerciales o de otra índole.

Se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de monitorear y responder a la censura; al bloqueo, control y manipulación de contenidos; al retiro de contenidos en línea por parte de proveedores de servicios sin un debido proceso; a la interferencia con la privacidad y la protección de datos personales; a las prácticas de los operadores y proveedores de servicios para limitar la calidad del acceso a fin de dar preferencia a ciertas aplicaciones y contenidos; a la creciente presión por parte de los gobiernos sobre los intermediarios de internet para controlarlo; a la aplicación radical de la legislación de propiedad intelectual, entre otras amenazas al ejercicio pleno de los derechos humanos en línea.

Actualmente, diversos actores de ALC tienen visiones concurrentes. La participación multisectorial en las instancias nacionales, regional y global es crucial pero no es un fin en sí mismo. Sentar en la mesa a delegados de todos los grupos de actores no garantiza que la definición de políticas sobre TIC y la toma de decisiones sobre aspectos de la gobernanza de internet se den en concordancia con principios de interés público. Es necesario trabajar en las estructuras democráticas y de gobernanza de las sociedades latinoamericanas y caribeñas en general. Enfoques y estrategias de gobierno abierto pueden dar pie a la institucionalización de conceptos y principios que aseguren procesos pluralistas y participativos de toma de decisiones, sobretodo en materia de políticas públicas, así como de mecanismos orientados a garantizar el debido proceso, la vigencia del Estado de derecho, la separación de poderes, y el ejercicio de derechos humanos dentro y fuera de línea.

Acerca del autor: 

Valeria Betancourt

Valeria es la coordinadora del Programa de Políticas de Información para América Latina (CIPP, por sus siglas en inglés), de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y es consultora para el proyecto 25 años de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe.